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2.- Objetivo de la presente entrega
El objetivo de la presente entrega es poner a disposición de cada uno de los posibles veintiocho millones de afectados los escritos personalizados que le permitan ejercer su derecho a reclamar por cada factura en la que su compañía eléctrica haya cometido alguna de las seis ilegalidades detalladas en el punto 4.

Lo burdo de la mayoría de las ilegalidades y, sobre todo, las ridículas excusas con las que las compañías eléctricas intentan justificarlas son consecuencia de la impunidad de la que gozan dichas compañías gracias al control que sus cómplices políticos ejercen sobre la Administración Pública, en especial sobre la Administración de Justicia, asunto éste que trataré en profundidad en el apartado Implicados: Justicia.

En mi opinión, basada en más de diecisiete años de lucha, el cáncer principal de la democracia española no es la corrupción política, sino la impunidad de los fiscales y jueces que impiden o archivan fraudulentamente la investigación de los delitos cometidos por o desde el poder político y, llegado el caso, actúan como sicarios contra el ciudadano que insiste en denunciar dichos delitos.

Mientras a esos fiscales y jueces no les sean exigidas responsabilidades por sus decisiones, el Gobierno continuará utilizando delictivamente la Administración Pública y las compañías eléctricas seguirán estafando impunemente a sus clientes, demostrando con ello la vigencia de la certera definición dada por el escritor y académico Antonio Muñoz Molina en su artículo “Lentitud de las cosas”, publicado el 25.01.98 en El País Semanal: El camino que la sociedad tiene que recorrer hasta conseguir que todos los jueces indolentes, serviles y/o prevaricadores sean expulsados de inmediato de la Administración Pública y condenados a pagar de su patrimonio personal los daños ocasionados con su indolencia, servilismo y/o prevaricación es largo y tortuoso, máxime teniendo en cuenta la kafkiana situación actual, en la que las fianzas y responsabilidades civiles impuestas a los jueces por actuaciones indebidas en el ejercicio de su función son cubiertas por un seguro de 450.000 euros contratado por el Consejo General del Poder Judicial y pagado por los contribuyentes, es decir, por las víctimas de dichas actuaciones.
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