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La Orden de 20.12.1984 culmina el plan acordado por el PSOE, las compañías eléctricas y los fabricantes de contadores e institucionaliza la estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz.


6.- Cargos públicos implicados en la primera etapa de la estafa
Si el tema de la presente entrega es Implicados: Compañías eléctricas, ¿por qué incluyo en ella a cargos públicos?

La respuesta es la siguiente:
    Las compañías eléctricas incrementan cada día en 350.000 euros los más de 4.200 millones de euros que nos llevan estafados desde 1984 gracias a la ineficacia o corrupción de de los cargos públicos responsables de la fijación de los precios de alquiler de los contadores de la luz.

    Por tanto, dichos cargos públicos proporcionan a las citadas compañías un beneficio económico superior al proporcionado por el más rentable de sus empleados.

    ¿Por qué, entonces, desde el punto de vista de la generación de beneficios, no considerar a dichos cargos públicos como empleados de las compañías eléctricas?
De los seis documentos incluidos en el punto 5 se deduce claramente que ninguno de los cuatro cargos públicos del Ministerio de Industria que intervivieron en la actualización de los precios de alquiler de los contadores realizaron correctamente su trabajo, pues los precios de alquiler establecidos en el Anexo de la Orden de 20.12.1984 son muy superiores a los que habrían resultado si hubieran sido calculados conforme a lo establecido en la condición 16 de la póliza de abono aprobada mediante el Real Decreto 1725/1984.

¿A qué se debió que, a pesar de ser advertidos por Francisco Barrios de Tiedra, ninguno de los mencionados cuatro cargos públicos tomará las medidas oportunas para evitar que los precios de alquiler fueran calculados en función de datos falsos?
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