Inicio > Implicados > Compañías eléctricas (II) > La segunda etapa de la estafa (1/2) En mi opinión, basada en dieciséis años de vía crucis por la ciénaga en la que la impunidad ha convertido una parte de la Administración de Justicia, el juez Torres olvida una medida urgente y esencial para que el Estado gane la batalla de la corrupción. Dicha medida es la siguiente: Procesar de inmediato, mediante un tribunal con jurado, a todo juez o fiscal del que haya indicios de prevaricación, y, en caso de que el acusado sea considerado culpable, expulsarlo de la Administración Pública, despojarlo de todos los derechos que hubiese podido adquirir durante su pertenencia a ésta, inhabilitarlo para ejercer la profesión de abogado, ingresarlo en prisión y obligarlo a pagar con su patrimonio personal todos los perjuicios ocasionados por su prevaricación. Por supuesto, el Estado (es decir, nosotros los ciudadanos) continuará perdiendo la batalla contra la corrupción mientras quien tenga que ganarla sea un Gobierno al servicio de una mafia protegida por fiscales y jueces prevaricadores y diputados designados por las cúpulas de los partidos políticos integrantes de dicha mafia. 1. – La segunda etapa de la estafa La segunda etapa de la estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz es la comprendida entre el 27.02.1987, fecha de entrada en vigor de la Orden de 20.02.1987 del Ministerio de Industria (BOE de 26.02.1987), y el 31.12.2001, fecha anterior a la de entrada en vigor del Real Decreto 1483/2001 del Ministerio de Economía (BOE de 28.12.2001). Durante esta etapa, el Ministerio de Industria publica en el Boletín Oficial del Estado precios de alquiler que no han sido calculados aplicando el 1.25% mensual al precio medio de mercado de cada contador, que es lo establecido en la condición general 16 de la póliza de abono aprobada mediante el Real Decreto 1725/1984, sino aplicando a los precios de alquiler vigentes en el período anterior el mismo coeficiente de actualización que a la tarifa eléctrica, como reconoce la propia Comisión Nacional de Energía en la página 33 de su informe de 20.09.2001, el cual analizaré en la próxima entrega: "De hecho, tal y como se recoge en la información facilitada por el denunciante D. Antonio Moreno, desde 1987 la evolución seguida por los precios máximos de alquiler de los equipos de medida y control ha sido idéntica a la experimentada por las tarifas eléctricas". pág 27