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Dicha afirmación es falsa, pues la
condición 16
de la póliza de abono aprobada por el Real Decreto 1725/1984 establece que "el Ministerio
de Industria y Energía fijará las cantidades concretas máximas que se pueden aplicar por
el alquiler de los aparatos contadores no especiales (...), en base al
1.25% mensual del precio medio de mercado del aparato", y en enero de 1995
hacía más de ocho años que el Ministerio de Industria carecía de datos sobre los precios
medios de mercado de los contadores, ya que, como consta en la declaración efectuada el
29.05.2002 ante el Juzgado Central de Instrucción n° 4 por Félix Rivas Perales,
presidente del grupo de fabricantes de contadores de la luz, la última vez que dichos
fabricantes enviaron al Ministerio de Industria información sobre los precios de los
contadores
fue el 23.12.1986.
Con independencia de que, como directora general de Energía, María Luisa Huidobro y Arreba
tenía la obligación de que los precios de alquiler fueran siempre calculados conforme
a lo establecido legalmente, dichos precios continuaron siendo calculados de forma
ilegal incluso después de que María Luisa Huidobro y Arreba recibiera el
escrito de 26.05.1996 del Sercobe,
el cual incluye
una tabla
y
un gráfico
que demuestran de forma fehaciente e irrebatible que los precios de alquiler
publicados en el Boletín Oficial del Estado no han sido calculados conforme a lo
establecido legalmente, pues si lo hubieran sido, la penúltima fila de la tabla y la
curva representativa del precio de alquiler
coincidirían,
respectivamente, con la última fila de la tabla y la curva representativa del precio
medio de mercado del contador.
Resulta sorprendente que, siendo miembro del Cuerpo superior de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado y profesora de Teoría Económica, Microeconomía y Comercio
Internacional, María Luisa Huidobro y Arreba no actuara tras recibir el escrito del
Sercobe, pues para detectar que los precios de alquiler indicados en la tabla y el gráfico
adjuntos a dicho escrito son superiores a los que habrían resultado si hubieran sido
calculados conforme a lo establecido legalmente
bastan los conocimientos matemáticos de un alumno de primer curso de bachillerato.
Por todo ello y por lo expuesto en el
punto 2.2
de la presente entrega, María Luisa Huidobro y Arreba es una de las responsables
directas de que el Boletín Oficial del Estado haya sido (y esté siendo) utilizado para
cometer una estafa que supera ya los
4.200 millones de euros
y se incrementa cada día en
350.000 euros.
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