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El 23.12.2005, el Gobierno aprueba el Real Decreto 1556/2005 (BOE de 28.12.2005), por el que se establece la tarifa eléctrica para 2006. En la cabecera del Anexo II, el Gobierno vuelve a incluir el texto falso añadido por Rodrigo Rato Figaredo en el Anexo II del Real Decreto 1483/2001, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2002.

Con el Real Decreto 1556/2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero utiliza por segunda vez al jefe del Estado para encubrir la estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz.

En junio de 2006, Pascual Maragall es obligado por José Luis Rodríguez Zapatero a anunciar su dimisión como presidente de la Generalitat de Cataluña. Tras el anuncio, el Gobierno catalán convoca elecciones para el 01.11.2006.

José Luis Rodríguez Zapatero designa como candidato a presidente de la Generalitat a José Montilla Aguilera, quien a continuación anuncia su dimisión como ministro de Industria.

El 30.06.2006, el Gobierno aprueba el Real Decreto 809/2006 (BOE de 1 de julio), por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir de 01.07.2006. En él no se hace ninguna mención a los precios de alquiler de los contadores, por lo que se sobreentiende que se mantienen vigentes los precios indicados en el Anexo II del Real Decreto 1556/2005.

Con el Real Decreto 809/2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero utiliza por tercera vez al jefe del Estado para encubrir la estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz.

Para sustituir a José Montilla Aguilera al frente del Ministerio de Industria, José Luis Rodríguez Zapatero designa al médico anestesista Joan Clos i Matheu, alcalde de Barcelona, quien es investido ministro el 08.09.2006.

El 15.12.2006 remito a José Luis Rodríguez Zapatero un escrito, advirtiéndole de que "si el Real Decreto que establecerá la tarifa eléctrica para 2007, que el consejo de ministros aprobará el próximo 29 de diciembre, autoriza a las compañías eléctricas a cobrar por el alquiler de sus contadores, Vd. será nuevamente el máximo responsable del fraude que supone que los 22.6 millones de abonados que tienen alquilado el contador sean obligados a pagar a dichas compañías por un servicio no prestado por éstas, fraude que ronda los 500.000 euros diarios y lleva reportados a las citadas compañías una cantidad cercana a los 6.000 millones de euros, de los cuales la mitad al menos han sido estafados a través del BOE".
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