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La estafa, paso a paso: Ejecución/ Gobierno PSOE(III) >
Cambia el Gobierno, permanece la corrupción (7/13)
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El 18.12.2007 remito un
escrito a José Luis Rodríguez Zapatero,
advirtiéndole de que "si en el Real Decreto que el consejo de ministros apruebe
el próximo día 28 figuran unos precios de alquiler superiores a los que resultarían
de aplicar el 1.25% mensual al precio medio de mercado de cada contador, que es
lo establecido en la condición general 16 de la póliza de abono aprobada por el
Real Decreto 1725/1984, usted será nuevamente el máximo responsable político de
una estafa que genera actualmente 250.000 euros diarios, afecta a 23 millones de
clientes de las compañías eléctricas y lleva reportados a éstas al menos la mitad
de los más de 6.400 millones de euros cobrados ilegalmente por el alquiler de sus
contadores".
A mi escrito van adjuntos seis documentos, de los cuales,
- los cuatro primeros demuestran que "el Gobierno que usted preside ha reconocido
en escrito de 9.03.2007 al Congreso que los precios de alquiler que figuran en
el Boletín Oficial del Estado no han sido calculados conforme al criterio establecido
en la condición general 16 de la póliza de abono aprobada por el Real Decreto
1725/1984, que es lo afirmado falsamente en el Boletín Oficial del Estado por
el Gobierno".
Si desea más información sobre estos documentos, pulse
aquí
para ir al punto 11.5.- El Boletín Oficial del Estado miente: Prueba documental
4.
- el quinto documento es un ejercicio escolar realizado el 15.05.2007 en un
Instituto de Sevilla. Dicho ejercicio prueba que "la estafa fue detectada en
45 minutos por alumnos de primer curso de bachillerato utilizando tan sólo dos
de los cientos de documentos obrantes en el procedimiento penal incoado por el
Juzgado Central de Instrucción 4 por orden de la Sección 4 de la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional para investigar la estafa y los delitos conexos a ella.
El citado ejercicio escolar, que demuestra que bastan 45 minutos y los conocimientos
matemáticos de un alumno de primer curso de bachillerato para detectar la estafa, pone
claramente al descubierto el servilismo y la prevaricación de los magistrados y
fiscales que, tras 18.6 meses de instrucción durante los cuales la única diligencia
practicada fue la toma de declaración a los imputados, archivaron el citado
procedimiento y me impusieron las costas del recurso de apelación "como censura
jurídica al mantenimiento de una querella instrumental sin fundamento fáctico
ni jurídico, cuando no existen razones para ello al no quedar probados indiciariamente
la realización de ninguno de los delitos atribuidos en la querella a los
querellados".
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pág 134
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