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2.5.- COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA (CTC)
Basándose en que la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, "reconoce la existencia de unos costes de transición al mercado competitivo", el Ministerio de Economía autorizó en junio de 2002 a las compañías eléctricas a cobrar un máximo de 1.441.502 millones de pesetas (8.663,6 millones de euros), IVA excluido, disfrazados bajo el eufemismo de "costes de transición a la competencia" (CTC) para ocultar lo que son realmente: una compensación al recorte de beneficios que se preveía tras la finalización del régimen de monopolio del que disfrutaban dichas compañías desde su fundación, recorte que no se ha producido, pues la liberalización, que entró en vigor el 01.01.2003, no ha provocado ninguna competencia entre ellas.

Posteriormente, mediante una modificación de la citada Ley 54/1997, el Gobierno fijó en 1.300.000 millones de pesetas (7.813,2 millones de euros), IVA excluido, la cantidad a cobrar por las compañías eléctricas en concepto de CTC.

Respecto a la concesión de esos 1.3 billones de pesetas a las compañías eléctricas, la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), sustituida poco después por la Comisión Nacional de Energía (CNE), advirtió de lo siguiente en su informe de 10.12.1998:
    - Página 3: " La propuesta de modificación de la Ley 54/97, debido a lo inhabitual del procedimiento que se ha seguido, se presenta sin Memoria. Se acompaña sólo de una denominada "justificación" que no es tal, pues lo único que hace es "describir" la operación, sin ofrecer ni una sola justificación. En dicha justificación se dice "qué" se hace, pero no se dice ni "por qué se hace" ni "qué efectos tiene" ".

    "Beneficiados por la modificación legal que se propone: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Elcogás".

    - Páginas 4 a 9: "Perjudicados por la modificación legal que se propone: La mayoría de las empresas consumidoras de energía eléctrica, los consumidores domésticos, que tendrán que pagar la electricidad un 4.5% más cara en los próximos 15 años; los servicios públicos, los despachos de profesionales liberales, las empresas del sector eléctrico distintas de UNESA y los competidores de los monopolios eléctricos".
El presidente de la CNSE, que se vio obligado dimitir como consecuencia de las presiones del Gobierno, se opuso a la concesión de los 1.3 billones de pesetas a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Elcogás porque, entre otras razones, " ni UNESA ni el Ministerio de Industria presentaron un solo documento que explique por qué se solicita esa cantidad, que han pactado entre ellos".
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