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f) El Gobierno es una marioneta de las compañías eléctricas y carece, por tanto,
de la autoridad necesaria para hacer cumplir a éstas lo establecido legalmente, como
lo demuestran, entre otros muchos, dos recientes hechos:
f1) En cumplimiento de la promesa hecha por el ministro Miguel Sebastián Gascón tras
las numerosas y graves irregularidades cometidas por las compañías eléctricas en la
factura de enero de 2009
[5],
que supusieron el cobro
excesivo de más de 80 millones de euros, el director general de Política Energética
y Minas, Jorge Sanz Oliva, firmó el 14.05.2009 la Resolución por la cual, según consta
en la
nota de prensa de 15.05.2009
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
“se establece el procedimiento de facturación con estimación de consumo de energía
eléctrica y su regularización con lecturas reales, con la que el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio cumple el compromiso adquirido con las asociaciones de consumidores
de aprobar una metodología unívoca de estimación del consumo, un procedimiento claro
y preciso para evitar errores o interpretaciones en las facturaciones de la luz. La
Resolución será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado”.
Lógicamente, dado que uno de los objetivos del Ministerio era corregir las irregularidades
cometidas en la factura de enero de 2009, la nota de prensa advertía explícitamente
de que
“la Resolución será de aplicación el día siguiente
al de su publicación en el BOE y surtirá efectos para las
facturaciones realizadas a partir del 1 de noviembre de 2008”.
La Resolución fue publicada en el BOE el 26.05.2009, es decir, doce días después de
ser firmada por el director general de Política Energética y Minas.
¿Por qué doce días y no tres o cuatro, que es lo normal?
La respuesta es que la publicación en el BOE se demoró porque las compañías eléctricas
se opusieron a que la Resolución (ya firmada por el Gobierrno) surtiera efecto a partir
del 01.11.2008, pues ello las obligaba a refacturar desde dicha fecha y, por tanto,
a devolver los más de 80 millones de euros cobrados en exceso en la factura de enero
de 2009.
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