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2.8.- LA SUBIDA DE LA TARIFA ELÉCTRICA A PARTIR DEL 01.07.2008
A pesar del cúmulo de irregularidades e ilegalidades expuestas en el punto punto 2.7, varias de ellas denunciadas por la CNE en sus informes, el Gobierno subirá por segunda vez este año la tarifa eléctrica. El método utilizado por el Gobierno para introducir esta segunda subida es el mismo que utilizaban los charlatanes callejeros para vender sus artículos a un público incauto. El "señoras y señores, estas maravillosas tijeras no les van a costar 100, ni siquiera 50, sino sólo 25 pesetas" de los charlatanes callejeros ha sido convertido por el Gobierno en "señoras y señores, la subida de la tarifa eléctrica no será del 20%, ni siquiera del 11.3% como proponía la CNE, sino sólo del 6%".

En cualquier caso, dado que la facturación anual prevista con la tarifa vigente el 01.01.2008 era 26.757 millones de euros (sin incluir el mercado liberalizado), cada incremento del 1% a partir del 01.07.2008 supondrá para los usuarios el pago adicional de 134 millones de euros. Así pues, si la subida fuera finalmente del 6%, la cantidad suplementaria que los usuarios se verían obligados a pagar a las compañías eléctricas superaría los 800 millones de euros.

Los más perjudicados por la subida de tarifa de 01.07.2008 son los 1.1 millones de usuarios que tienen contratada la tarifa nocturna, los cuales, según un informe de 21.04.2008 de la Dirección de la Asesoría Jurídica de la Comisión Nacional de Energía (CNE), verán incrementada su factura entre el 22% y el 77% como consecuencia la desaparición de la citada tarifa.

El radical cambio de criterio de la CNE, que de criticar abiertamente la arbitrariedad de las subidas de tarifa aplicadas por el Gobierno ha pasado a alentar dichas subidas, se debe a que dicha Comisión, como cualquier otro Organismo oficial, está formada por personas que, salvo contadas excepciones, son sensibles a las presiones ejercidas sobre ellas desde el Gobierno. A éste le basta, pues, ejercer dichas presiones sobre los consejeros con criterios estrictamente profesionales y sustituir a los que las resistan por consejeros afines para tener la seguridad de que dispondrá en todo momento de los informes oficiales necesarios para justificar cualquier decisión, por arbitraria que ésta sea, como es el caso de la mayoría de las concesiones del Gobierno a las compañías eléctricas.

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