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La disposición adicional segunda del Real Decreto 809/2006 establece, pues, que antes de que finalice el plazo fijado por el Ministerio de Industria, todos los contadores electromecánicos, también denominados de inducción y ferraris, deben ser sustituidos por contadores que permitan la discriminación horaria y la telegestión (en la próxima entrega, cuyo título provisional es “La estafa: 21.- Contadores electrónicos: La estafa interminable“, demostraré documentalmente que ni uno solo de los contadores electrónicos instalados hasta ahora permite la telegestión, por lo que tendrán que ser modificados o sustituidos).

Según la tabla I del “Informe de 25.10.2007 de la Comisión Nacional de Energía sobre el mandato establecido en el Real Decreto 1634/2006 relativo al Plan de sustitución de equipos de medida”, en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 809/2006 el número total de contadores electromecánicos a sustituir era 25.752.114.

Lógicamente, la desconexión de cada uno de estos 25.8 millones de contadores y la conexión de cada contador electrónico deben efectuarse conforme a lo establecido en la correspondiente norma legal, que en este caso es la condición general 10 de la vigente póliza de abono (contrato suscrito entre la compañía eléctrica y el usuario), cuyo texto es el siguiente:
    "10.- Conexión de las instalaciones y de los equipos de medida. (…) Las empresas suministradoras deberán comunicar a los abonados, previamente, la conexión o desconexión de los equipos de medida, salvo caso de alta o baje en el suministro.

    Ninguna persona ajena a la empresa suministradora podrá manipular ni desprecintar los aparatos de medida y control una vez conectados, ni tampoco la empresa suministradora sin aviso previo al abonado".
Sin embargo, a pesar de la claridad con la que la norma legal establece que las compañías eléctricas están obligadas a comunicar previamente al abonado cualquier operación de conexión o desconexión del equipo de medida, dichas compañías están realizando de forma clandestina la sustitución de los contadores electromecánicos, sin que, salvo una excepción que detallaré más adelante, los Gobiernos regionales lo impidan ni el Gobierno central inste a los Gobiernos regionales a exigir a las citadas compañías el cumplimiento de lo establecido en la póliza de abono (la pasividad de los Gobiernos regionales es lógica: desde 1984, doce están en manos del PSOE o del PP, marionetas de las compañías eléctricas, y los otros cinco han estado o están gobernados por partidos carentes de la ética y el valor necesarios para enfrentarse a la mafia del kilowatio).

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