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Los 288,66 millones de euros que
las compañías eléctricas coordinadas por UNESA
han dejado de cobrar como consecuencia de mi reclamación ante la CNE es una cantidad
ligeramente superior a los
372.435,40 €
que me fueron requeridos el 11.02.2004 en concepto de costas por el abogado de UNESA,
Miguel Bajo Fernández,
quien
- era plenamente consciente de que UNESA me estaba transmitiendo con dicho requerimiento
el mismo mensaje que transmite un grupo mafioso con una paliza a quien investiga
los negocios de la famiglia
- sabía que yo estaba en el paro desde el 07.11.1994 como consecuencia de la
denuncia falsa
presentada contra mí por
Félix Rivas Perales,
(entonces, director comercial de Landis & Gyr Española, presidente del Grupo de fabricantes
de contadores de energía eléctrica y, como tal, máximo representante del grupo clandestino
Contact), en represalia por haberme negado a participar en dicho grupo clandestino,
el cual, y eso lo explica todo, es el primer eslabón de la cadena de corrupción que
hace posible que las compañías coordinadas por UNESA lleven estafados más de
4.500 millones de euros
a través del Boletín Oficial del Estado.
Las costas me fueron impuestas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional
"como censura jurídica al mantenimiento de una querella instrumental
sin fundamento fáctico ni jurídico,
persistiendo en su pretensión de que prosiga un procedimiento penal cuando no
existen razones para ello
al no quedar probadas indiciariamente
la realización de ninguno de los delitos atribuidos en la querella a los querellados
y con manifiasta temeridad y desprecio por nuestras instituciones democráticas".
Los escritos de Miguel Bajo Fernández y de los restantes abogados de los querellados
y los autos relacionados con mi condena a costas por haber recurrido en apelación
contra el archivo fraudulento del procedimiento penal incoado para investigar la estafa
en los precios de alquiler de los contadores los analizaré detalladamente en las entregas
correspondientes a Implicados/Justicia.
Espero que después de leer dichas entregas coincida usted conmigo en que el principal
problema que tenemos los ciudadanos de este país es la impunidad de quienes han convertido
sus togas en libreas.
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