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30.06.2010

IMPLICADOS: COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS (I)/ PRIMERA ETAPA DE LA ESTAFA

1.-Introducción
En la entrega Implicados: Las pruebas incluí diez documentos que prueban los siguientes hechos:
    - El Gobierno obliga desde 1984 a los usuarios que tienen alquilado el contador de la luz (unos 23 millones, en la actualidad) a pagar a las compañías eléctricas por un servicio que éstas no dan porque el Gobierno aún no ha definido en qué consiste dicho servicio. La cantidad cobrada por las compañías eléctricas por ese servicio inexistente (la “adecuada renovación y actualización” del parque de contadores electromecánicos en alquiler) supera ya los 8.500 millones de euros y se incrementa cada día en 600.000 euros

    - El Gobierno utiliza desde 1984 el Boletín Oficial del Estado para cometer una estafa que genera actualmente 350.000 euros diarios, afecta a los 23 millones de usuarios que tienen alquilado el contador de la luz y lleva reportados a las compañías eléctricas al menos la mitad de los citados 8.500 millones de euros. La estafa fue planificada en 1984 por el PSOE, las compañías eléctricas y los fabricantes de contadores; modificada en 1987 por el PSOE, perfeccionada en 2001 por el PP y, al parecer, será nuevamente modificada por el PSOE en el Consejo de Ministros que apruebe la próxima subida de la tarifa eléctrica [1].

      [1] El Gobierno tenía previsto aplicar la próxima subida de tarifa el 01.07.2010, pero ha decidido aplazarla hasta que el PSOE y el PP concluyan el denominado pacto de la energía.

      El pacto será acordado, por tanto, por los dos partidos responsables de que las compañías eléctricas lleven cobrados más de 8.500 millones de euros por un servicio inexistente, de que al menos la mitad de dicha cantidad haya sido estafada a través del Boletín Oficial del Estado (mediante una estafa planificada en 1984 por el PSOE y perfeccionada en 2001 por el PP) y de que la tarifa eléctrica se fije utilizando métodos contables no homologados y sin que la Comisión Nacional de Energía disponga de tiempo para analizar los datos facilitados por las compañías eléctricas, lo cual ha provocado desde 2001 un déficit tarifario artificial que a 31.12.2009 superaba los 15.000 millones de euros.
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