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    - Los fabricantes de contadores de la luz, en connivencia con las compañías eléctricas, aplican restricciones a la libre competencia, con objeto de hacer antieconómica la compra del contador por el usuario final y obligar a éste a alquilarlo a las citadas compañías. Las restricciones son consensuadas y aplicadas por el grupo clandestino Contact.
Dado que no hay delito sin delincuentes y que éstos, como advierte el más elemental sentido común, están entre quienes se benefician del delito, sería lógico que los tribunales investigaran tanto a las compañías eléctricas, que son las máximas beneficiarias de la estafa y de las restricciones a la libre competencia, como a quienes con su colaboración activa hacen posible dicho beneficio ilegal, es decir al PSOE, al PP y a los fabricantes de contadores de la luz.

Sin embargo, a pesar de la existencia de pruebas documentales fehacientes e irrebatibles, los tribunales no sólo no han investigado la estafa y las restricciones a la libre competencia sino que, como una muestra más de su servilismo hacia el poder político, me han represaliado por insistir en denunciar dichos delitos.

Pero el resultado de una multiplicación (para probar la estafa basta multiplicar dos números) es el que es, con independencia de que los tribunales y las cúpulas judicial y fiscal, perdido por completo el sentido del ridículo, nieguen dicho resultado.

Por ello, dado que los tribunales se niegan a investigar a la mafia del kilowatio, negándome con ello mi derecho a la tutela judicial efectiva y a demostrar que los hechos de los que la multinacional Landis & Gyr me acusó para despedirme son falsos, me veo obligado a acusar públicamente a los responsables, por colaboración activa o pasiva, de que los usuarios continuemos siendo obligados a pagar a las compañías eléctricas por un servicio que no recibimos; de que sigamos siendo estafados a través del Boletín Oficial del Estado y de que el grupo clandestino Contact continúe imponiendo restricciones a la libre competencia.
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