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- Los fabricantes de contadores de la luz, en connivencia con las compañías eléctricas,
aplican restricciones a la libre competencia, con objeto de hacer antieconómica la
compra del contador por el usuario final y obligar a éste a alquilarlo a las citadas
compañías. Las restricciones son consensuadas y aplicadas por el grupo clandestino
Contact.
Dado que no hay delito sin delincuentes y que éstos, como advierte el más elemental sentido
común, están entre quienes se benefician del delito, sería lógico que los tribunales
investigaran tanto a las compañías eléctricas, que son las máximas beneficiarias de la
estafa y de las restricciones a la libre competencia, como a quienes con su colaboración
activa hacen posible dicho beneficio ilegal, es decir al PSOE, al PP y a los fabricantes
de contadores de la luz.
Sin embargo, a pesar de la existencia de pruebas documentales fehacientes e irrebatibles,
los tribunales no sólo no han investigado la estafa y las restricciones a la libre
competencia sino que, como una muestra más de su servilismo hacia el poder político, me
han represaliado por insistir en denunciar dichos delitos.
Pero el resultado de una multiplicación (para probar la estafa basta multiplicar dos números)
es el que es, con independencia de que los tribunales y las cúpulas judicial y fiscal,
perdido por completo el sentido del ridículo, nieguen dicho resultado.
Por ello, dado que los tribunales se niegan a investigar a la mafia del kilowatio, negándome
con ello mi derecho a la tutela judicial efectiva y a demostrar que los hechos de los que
la multinacional Landis & Gyr me acusó para despedirme son falsos, me veo obligado
a acusar públicamente a los responsables, por colaboración activa o pasiva, de que los
usuarios continuemos siendo obligados a pagar a las compañías eléctricas por un servicio
que no recibimos; de que sigamos siendo estafados a través del Boletín Oficial del Estado
y de que el grupo clandestino Contact continúe imponiendo restricciones a la libre
competencia.
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