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Es decir, Josep Piqué i Camps no consideró como pruebas de la estafa en los precios de alquiler de los contadores el escrito de 27.11.95 de Gustavo Eisenberg a Siemens, en el que Gustavo Eisenberg reconoce que los datos facilitados por los fabricantes al Ministerio de Industria son "superiores en un 50% o más a los reales", ni el escrito de 26.05.1996 de Gustavo Eisenberg a María Luisa Huidobro, al que van adjuntos una tabla y un gráfico que demuestran de forma fehaciente e irrebatible que los precios de alquiler publicados en el Boletín Oficial del Estado no han sido calculados conforme a lo establecido legalmente, pues si lo hubieran sido, la penúltima fila de la tabla y la curva representativa del precio de alquiler coincidirían, respectivamente, con la última fila de la tabla y la curva representativa del precio medio de mercado del contador.

Ahora bien, dado que para detectar que tras dichas filas y curvas se oculta una estafa bastan los conocimientos matemáticos de un alumno de primer curso de bachillerato y Josep Piqué i Camps es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor de Teoría Económica, es evidente que Josep Piqué Camps prevaricó al hacer caso omiso de mis escritos de 08.11.1999 y 09.12.1999 y dar su aprobación a los precios de alquiler indicados en el Anexo II del Real Decreto 2066/1999, que fueron los aplicados durante el año 2000, y en el Anexo II del Real Decreto 3490/2000, que fueron los aplicados durante el año 2001 (el Real Decreto 3490/2000 fue el último de los firmados por José Piqué i Camps, quien el 27.04.2000 dejó el cargo de ministro de Industria y pasó a ser ministro de Asuntos Exteriores).

¿Qué beneficio ilegal reportó a las compañías eléctricas el que Josep Piqué y Camps no hiciera caso de mis escritos de 08.11.1999 y 09.12.1999 y aprobara los precios de alquiler indicados en los dos citados Anexos?

La respuesta es posible gracias a documentos confidenciales obrantes en las diligencias previas 280/2000 del Juzgado Central de Instrucción n° 4 (Audiencia Nacional), incoadas para investigar la estafa en los precios de alquiler y los delitos conexos a ella y archivadas fraudulentamente para proteger al Gobierno, como demostraré en las entregas correspondientes a Implicados/Justicia.

Entre los documentos confidenciales obrantes en las diligencias previas 280/2000 está la tabla de precios de 1999 adjunta al escrito de 17.10.2000 de Unión Fenosa a la Comisión Nacional de Energía, en la cual consta que el precio medio al que Unión Fenosa adquirió en 1999 el contador monofásico de simple tarifa, que es el instalado en la práctica totalidad de las viviendas, fue 3.850 pesetas (el precio debió ser menor para Endesa e Iberdrola, ya que el volumen de compras de estas dos compañías es mayor que el de Unión Fenosa).
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