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Si usted se pregunta por qué
Josep Piqué i Camps
hizo caso omiso de mis escritos de 08.11.1999 y 09.12.1999 y de los documentos adjuntos
a ellos y utilizó nuevamente el Boletín Oficial del Estado
(y la firma del
jefe del Estado,
pues se trataba de un Real Decreto) para cometer la estafa en los precios de alquiler
de los contadores de la luz, la respuesta está en el Diario de Sesiones del Congreso de
los Diputados correspondiente a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio celebrada
el 17.02.2009.
Como expongo en la entrega
La tarifa eléctrica, en manos de un peón de la mafia del kilowatio,
en dicha Comisión, el actual secretario de Estado de Energía, Pedro Marín Uribe,
respondió lo siguiente al diputado del PP Antonio Erias Rey, quien había hecho una
pregunta relacionada conmigo:
"D. Antonio Erias, del Grupo Popular, ha tratado muchísimos temas. Me referiré a
uno que ha mencionado, pero que es un poco anecdótico.
Me ha hablado de una persona que realiza denuncias (...). Es una persona que viene
remitiendo denuncias de estas características al Ministerio —se tiene registro de ellas—
desde el año 1997, fechas en las que el entonces ministro, seguramente con muy
buen criterio, no hizo excesivo caso de las acusaciones, puesto que eran sin pruebas.
En este periodo, diversas empresas eléctricas han llevado a esta persona ante los
tribunales y en todos los casos sus acusaciones no han tenido valor, no ha tenido
pruebas.
Por tanto, esa es la tónica que mantiene el ministerio desde el año 1997 y que desde
que yo soy secretario general de la Energía hemos seguido manteniendo.
No hemos dado más credibilidad que la que se ha dado.
Doy por cerrado este tema”.
Así pues, el motivo por el que
Josep Piqué i Camps,
"seguramente con muy buen criterio, no hizo excesivo caso de las acusaciones"
contenidas en mis escritos de 08.11.1999 y 09.12.1999 fue que dichas acusaciones
"eran sin pruebas".
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