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Pues bien, el primer documento ("acta", en palabras del denunciante, de una
reunión de 23 de noviembre de 1995 entre las empresas eléctricas representadas por
UNESA y los fabricantes de contadores, representados por SERCOBE) tiene un nulo
valor probatorio, ya que no constituye un acta sino unas notas unilateralmente
tomadas por un representante de SERCOBE, sin que fuera vista y aprobada como acta
por los representantes de UNESA. En suma, un documento interno cuyas afirmaciones
son de nula validez ya que supone afirmaciones por UNESA que ésta nunca ha reconocido
como propias”.
El documento “Notas de la reunión de 23.11.1995 de los fabricantes con UNESA”
está redactado por Gustavo Eisenberg, como éste reconoce en su
declaración de 29.05.2002
ante el Juzgado Central de Instrucción n° 4 (Audiencia Nacional).
En el documento, Gustavo Eisenberg hace, entre otras, las siguientes afirmaciones:
"En 1.984 se dictó una disposición por el MINER [Ministerio de Industria y
Energía] autorizando el cobro mensual al consumidor del 1.25% del precio del
contador.
Este factor se aplica sobre los precios de lista, cuando debería
hacerse sobre los reales, los cuales son inferiores en un 50% o más.
Si este asunto saliera a la luz pública, podría producirse un escándalo de imprevisibles
consecuencias para todos.
El Sr. Rivero [Pedro Rivero Torre] conoce bien este problema".
Dado que Gustavo Eisenberg actuaba como portavoz de las fabricantes de contadores, la
afirmación "este factor se aplica sobre los precios de lista, cuando
debería hacerse sobre los reales, los cuales son inferiores en un 50% o más"
implica el reconocimiento por dichos fabricantes de que los precios facilitados al
Ministerio de Industria en respuesta al
escrito de 20.12.1083
son falsos.
Así pues, con independencia de que Pedro Rivero Torre reconozca o no como suyas las
afirmaciones que Gustavo Eisenberg le atribuye, es evidente que el documento “Notas
de la reunión de 23.11.1995 de los fabricantes con UNESA” es una prueba válida de
que los fabricantes facilitaron datos falsos al Ministerio de Industria con objeto de
que los precios de alquiler de los contadores fueran muy superiores a los que habrían
resultado si dichos datos hubieran sido los reales.
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