Inicio > La estafa > La estafa, paso a paso: Ejecución/ Gobierno PP > ...y el Gobierno obedece y prevarica (9/11)




La coincidencia entre los dos párrafos es tan completa que se repiten hasta los entrecomillados y las faltas de ortografía. Dicha coincidencia es aún más significativa si se tiene en cuenta que la redacción, además de farragosa, carece de la más mínima traza de razonamiento lógico.

Ello demuestra que el Gobierno sigue al pie de la letra las directrices de Unesa y es ésta, y no el Real Decreto 1725/84, como afirma falsamente el Boletín Oficial del Estado, quien establece el criterio de fijación de los precios máximos de alquiler de los contadores.

Así pues, el Gobierno español no sólo comete el gravísimo delito de utilizar el Boletín Oficial del Estado y el nombre del jefe del Estado para cometer una estafa que afecta a 23 millones de usuarios y supera ya los 4.000 millones de euros, sino que, además, siguiendo al pie de la letra las directrices dictadas por Unesa, prevarica para permitir que dicha estafa continúe tras haber quedado la misma al descubierto.

Los cargos públicos que siguieron las directrices de José María Amusátegui y cooperaron, por acción u omisión, en la modificación del texto original del Anexo II del Real Decreto 1483/2001 (y de los posteriores Reales Decretos y Órdenes ministeriales de actualización de la tarifa eléctrica), a sabiendas de que la finalidad de dicha modificación era encubrir que los precios de alquiler indicados en el citado Anexo eran muy superiores a los máximos permitidos legalmente, son los siguientes:
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