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13.10.2009

19.- NUEVA ESTAFA MASIVA: COBRO DE LA INSTALACIÓN DEL ICP
Las tupidas redes de servilismo y corrupción tejidas por el PSOE y el PP en el Congreso y en la Administración del Estado (muy especialmente, en la Administración de Justicia) garantiza la impunidad de las mafias en las que, como la del kilowatio [1], participan conjuntamente los dos citados partidos (si en la mafia responsable del "caso Gürtel" estuvieran implicados el PP y el PSOE y no sólo el PP, dicho caso no habría sido investigado, pues no hay en España juez ni fiscal con la independencia y la valentía necesarias para enfrentarse a ambos partidos).

De la impunidad de la que goza la mafia del kilowatio gracias a los peones que el PSOE y el PP han ido colocando estratégicamente en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial da idea el hecho de que dicha mafia lleva 25 años cometiendo a través del Boletín Oficial del Estado (en catorce ocasiones, mediante Reales Decretos, que llevan la firma del rey) una estafa tan burda que queda completamente al descubierto con una simple multiplicación de dos números [2] o con un vistazo a la tabla y el gráfico [3] adjuntos al escrito remitido el 26.05.1996 por los fabricantes de contadores al Ministerio de Industria, lo cual es una prueba irrefutable del papel de marionetas desempeñado por los citados peones [4].

El escrito, en el que los fabricantes amenazan veladamente al Gobierno, fue requisado por inspectores de la Comisión Europea durante los registros efectuados el 12 y 13.05.1998 en las oficinas de Landis & Gyr Española (Sevilla), Siemens (Madrid) y Schlumberger (Barcelona). La Orden ministerial citada en el escrito, sin la cual no es posible verificar periódicamente el parque de contadores electromecánicos, formado por 25.8 millones de unidades, continúa sin ser publicada, pese a los cual los usuarios somos obligados por el Gobierno a pagar 600.000 euros diarios a las compañías eléctricas por dicha verificación.

La estafa, planificada en 1984 por el PSOE [5] y perfeccionada en 2001 por el PP [6], genera actualmente 350.000 euros diarios, afecta a 23 millones de usuarios y lleva reportados a las compañías eléctricas al menos la mitad de los más de 8.000 millones de euros cobrados ilegalmente por el alquiler de los contadores de la luz [7].
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