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Nueva estafa masiva: Cobro de la instalación del ICP (1/2)
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13.10.2009
19.- NUEVA ESTAFA MASIVA: COBRO DE LA INSTALACIÓN DEL ICP
Las tupidas redes de servilismo y corrupción tejidas por el PSOE y el PP en el Congreso
y en la Administración del Estado (muy especialmente, en la Administración de Justicia)
garantiza la impunidad de las mafias en las que, como la del kilowatio
[1],
participan
conjuntamente
los dos citados partidos (si en la mafia responsable del "caso Gürtel" estuvieran
implicados el PP y el PSOE y no sólo el PP,
dicho caso no habría sido investigado,
pues no hay en España juez ni fiscal con la independencia y la valentía necesarias para
enfrentarse a ambos partidos).
De la impunidad de la que goza la mafia del kilowatio gracias a los peones que el PSOE
y el PP han ido colocando estratégicamente en los poderes legislativo, ejecutivo y
judicial da idea el hecho de que dicha mafia lleva 25 años cometiendo a través del
Boletín Oficial del Estado (en catorce ocasiones, mediante Reales Decretos, que llevan
la firma del rey) una estafa tan burda que queda completamente al descubierto con una
simple multiplicación de dos números
[2]
o con un vistazo a la tabla y el gráfico
[3]
adjuntos al escrito remitido el 26.05.1996 por los fabricantes de contadores al Ministerio
de Industria, lo cual es una prueba irrefutable del papel de marionetas desempeñado por
los citados peones
[4].
El escrito,
en el que los fabricantes amenazan veladamente al Gobierno, fue requisado
por inspectores de la Comisión Europea durante los registros efectuados el 12 y 13.05.1998
en las oficinas de Landis & Gyr Española (Sevilla), Siemens (Madrid) y Schlumberger
(Barcelona). La Orden ministerial citada en el escrito, sin la cual no es posible
verificar periódicamente el parque de contadores electromecánicos, formado por 25.8
millones de unidades, continúa sin ser publicada, pese a los cual los usuarios somos
obligados por el Gobierno a pagar
600.000 euros diarios
a las compañías eléctricas por dicha verificación.
La estafa, planificada en 1984 por el PSOE
[5]
y perfeccionada en 2001 por el PP
[6],
genera actualmente
350.000 euros diarios,
afecta a 23 millones de usuarios y lleva reportados a las compañías eléctricas al
menos la mitad de los más de
8.000 millones de euros
cobrados ilegalmente por el alquiler de los contadores de la luz
[7].
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pág 220
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