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Es lógico, pues, que sabiéndose impunes para cometer una tosca estafa que supera los
4.000 millones y se incrementa cada día en 350.000 euros, las compañías eléctricas
aprovechen cualquier oportunidad para cometer nuevas estafas y fraudes, algunos de los
cuales, por su descaro chulesco, ponen claramente de manifiesto la total indefensión
en la que nos deja a los usuarios la connivencia entre el Gobierno y las citadas
compañías.
Entre los nuevos estafas y fraudes cometidos por las compañías eléctricas están
los siguientes:
Estafa
- Cobro de la instalación del ICP (Interruptor de Control de Potencia)
Fraudes
- Sustitución clandestina de los contadores electromecánicos
- Cobro de un precio de alquiler superior al legal
- Incremento unilateral de la potencia contratada
- Manipulación del período de facturación
En la presente entrega sólo analizaré la estafa, dejando para la próxima el análisis
de los cuatro fraudes.
Mientras la mafia del kilowatio actúa con total impunidad gracias a su control del BOE
y de la Administración del Estado y España está a la cola de la Unión Europea y de
la OCDE en la
lucha contra la corrupción,
el Gobierno ha decretado un
recorte de los presupuestos de investigación
(-14,5% en investigación por Organismos públicos y -22.9% en investigación sanitaria)
y una
subida de impuestos
que supondrá para cada familia el pago suplementario de 800 euros anuales, medidas que,
dado el éxito de las tomadas anteriormente por el Gobierno,
nos sacarán inmediatamente de la
grave crisis
en la que estamos sumidos como consecuencia de la avaricia de las entidades financieras
y la ineficacia de los organismos encargados de supervisarlas.
Por cierto, hablando de crisis y entidades financieras, si el BBVA ha recibido un
porcentaje de los
30.000 millones de euros
de dinero público (ampliables a 50.000 millones) inyectados por el Gobierno en las citadas
entidades para evitar su colapso, los contibuyentes debemos estar orgullosos de que nuestros
impuestos se dediquen a una finalidad tan eminentemente social como evitar que un empleado
prejubilado con 55 años
se vea obligado a mendigar.
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