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21.02.2010
22.-ENDESA: LA IMPUNIDAD DEL CORSARIO
Corsario, en el sentido clásico, era el pirata que actuaba con el permiso (patente de
corso) de un Gobierno, que le concedía protección e inmunidad legal a cambio de una parte
del botín obtenido del abordaje a determinados buques mercantes.
Contra lo que pudiera creerse, la profesión no ha desaparecido. Simplemente, se ha adaptado
al medio.
Así, por ejemplo, algunos de los corsarios que operan actualmente en la Unión
Europea han sustituido el barco por el edificio corporativo; los cañones, por los reales
decretos y las órdenes ministeriales de actualización de la tarifa eléctrica; la casaca
y la pierna de palo, por el traje de diseño y los zapatos de piel, y el garfio, por un
bufete de sicarios. Pero, como sus antecesores del siglo XVI, siguen abordando a sus
víctimas y cediendo parte del botín al Gobierno que los protege y les da inmunidad legal.
En las entregas anteriores a ésta hay numerosos documentos que demuestran fehacientemente
que las compañías eléctricas establecidas en España defraudan y estafan a sus clientes
con total impunidad gracias a la protección e inmunidad legal que les ha concedido el
Gobierno, el cual no sólo les planifica y perfecciona las estafas sino que impide la
investigación de sus delitos y represalia a quien se niega a participar en ellos y los
denuncia ante los tribunales.
Pero, ¿cobra el Gobierno español (es decir, el partido político que lo controla) por
dar protección e inmunidad legal a las compañías eléctricas?
Una simple ojeada a las hemerotecas basta para comprobar el
profundo pozo de corrupción
en el que, como consecuencia del
clientelismo
generado por las listas cerradas, están hundidos los partidos políticos, con la consiguiente
condena social.
Por muy ingenuo que se sea, cuesta trabajo creer que quienes cobran por recalificar un
solar o conceder una licencia de obras,
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