Inicio > La estafa > Contadores electrónicos: La estafa interminable > Los motivos de la sustitución (5/10)



    La respuesta del Gobierno es la siguiente:

      "El Gobierno es consciente de elaborar una reglamentación que elimine el vacío legal actual y garantice los derechos de los agentes- consumidores y suministradores- implicados. (...) se estima que la Orden Ministerial requerirá aún al menos un año más para su publicación"

    La Orden Ministerial aún no ha sido publicada.

    b) El 27.02.2007, la diputada Dña. Isaura Navarro Casillas presenta ante la Mesa del Congreso un escrito en el que solicita al Gobierno respuesta a tres preguntas relacionadas con el informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) cuya falta, según ASEME y la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, provocó la anulación de la Orden FOM 1100/2002 por sentencia de 18.03.2004 de la citada Sección 8 (le recomiendo que lea la sentencia, a la cual adjunto el "inexistente"  informe de la CNE).

    El escrito, como es lógico, no recibió respuesta.

    c) El Gobierno derogó en 2006 la Orden FOM 1100/2002, sin que hasta la fecha haya iniciado la tramitación de la Orden sustitutoria, lo cual demuestra que los motivos reales de la suspensión judicial de la citada Orden fueron la presión de las compañías eléctricas y el servilismo del Gobierno, que antepuso, una vez más, los turbios intereses de dichas compañías a los legítimos intereses generales.
A día de hoy, 12.04.2010, en que han transcurrido casi 26 años de la publicación de la Ley 3/1985, de Metrología, el Gobierno continúa sin establecer el control metrológico del Estado sobre los contadores electromagnéticos, lo cual impide verificar éstos periódicamente para comprobar su correcto funcionamiento y tomar, en caso contrario, las medidas correctoras necesarias.

La situación actual deja al descubierto la falta de palabra, es decir, de vergüenza, del PSOE y, especialmente, de quien desde el 18.04.2004 ocupa los cargos de vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno: María Teresa Fernández de la Vega, implicada de forma directa y personal en el "caso contadores" desde hace al menos diez años.
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