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    b) A día de hoy, 02.05.2012, los clientes de las compañías eléctricas llevamos pagados a éstas más de 10.000 millones de euros [1] por un servicio -la verificación periódica de los contadores electromecánicos- que no recibimos ni recibiremos en tanto el Gobierno no establezca el control metrológico del Estado sobre dichos contadores.

    [1] 10.000 millones de euros es la cantidad suplementaria que el Gobierno ha recortado en Sanidad y Educación.
Ante la discordancia entre los criterios de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, es lógico que los ciudadanos no hagamos las dos siguientes preguntas:
    Primera: Teniendo en cuenta que la Administración del Estado tiene encomendada por mandato constitucional la defensa de los intereses generales con la máxima eficacia posible, ¿por qué la decisión del Gobierno de fijar unos determinados peajes de acceso a las redes perjudica los legítimos intereses de las compañías eléctricas y la decisión del Gobierno de incumplir desde 1985 su obligación de establecer el control metrológico del Estado sobre los contadores electromecánicos no perjudica los legítimos intereses de los clientes de las compañías eléctricas?

    Segunda: Si

      a) desde el 30.12.1984, fecha de entrada en vigor de la Orden de 20.12.1984 del Ministerio de Industria, los usuarios pagamos mensualmente a las compañías eléctricas una cantidad (el precio de alquiler del contador) cuya única y exclusiva finalidad es "cubrir la función económica de permitir a las empresas alquiladoras la verificación periódica del parque de contadores electromecánicos, con objeto de evitar los perjuicios que de la falta de dicha verificación se derivan para la calidad y fiabilidad de la medida"

      b) las compañías eléctricas no realizan dicha verificación periódica debido a que el Gobierno aún no ha establecido el control metrológico del Estado sobre los contadores electromecánicos,

    ¿por qué los tribunales no obligan a las compañías eléctricas a devolvernos los más de 10.000 millones de euros que nos llevan cobrados desde el 30.12.1984 por la citada verificación?
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