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18.07.1984: El Gobierno aprueba una nueva póliza de abono, que anula la aprobada el 20.08.1981. En la nueva póliza, el apartado 16, relativo a alquiler de contadores, es una copia literal del apartado 16 de la póliza de abono aprobada el 12.03.1954, con lo que los contadores de Imáx=60 amperios vuelven a ser considerados no especiales y, por tanto, con precios de alquiler fijados por el Ministerio de Industria:
    Póliza de abono aprobada el 12.03.1954: "Condición general 16.- Las empresas eléctricas estarán obligadas en todo caso a suministrar en alquiler contadores no especiales, monofásicos o trifásicos, de hasta 63 amperios por hilo".
    Póliza de abono aprobada el 20.08.1981: "Condición general 12.- Las empresas eléctricas estarán obligadas en todo caso a suministrar en alquiler contadores no especiales, monofásicos o trifásicos, de hasta 50 amperios por hilo".
    Póliza de abono aprobada el 18.07.1984: "Condición general 16.- Las empresas eléctricas estarán obligadas en todo caso a suministrar en alquiler contadores no especiales, monofásicos o trifásicos, de hasta 63 amperios por hilo".
20.12.1984: El ministro de Industria, el socialista Carlos Solchaga Catalán (recuerde este nombre), firma una Orden que, como detallaré en la entrega que tengo previsto publicar el 15.09.2008, subsana el torpe error cometido por UCD en la póliza de abono aprobada el 20.08.1981 y hace prácticamente imposible que nadie ajeno al PSOE, las compañías eléctricas y las empresa fabricantes de contadores de la luz descubra la estafa que a partir de la entrada en vigor de dicha Orden se va a cometer en los precios de alquiler de los citados contadores.

31.01.1985: Los diputados Juan Carmona Infantes y Jesús Lechuga Gallego informan a los medios de comunicación de que "por lo que hemos podido saber a través de referencias y filtraciones, en el informe de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía sobre las 29 irregularidades cometidas por Sevillana de Electricidad en 1983 se asegura que ésta cobró indebidamente 20.000 millones de pesetas y se reconoce que una de las irregularidades perjudica a 1.300.000 abonados, lo que supondría que en 1983 Sevillana cobró 3.000 millones de pesetas de más por una sola irregularidad". Días antes de estas manifestaciones de los diputados Juan Carmona Infantes y Jesús Lechuga Gallego, el consejero de Economía, Julio Rodríguez López, había manifiestado a El País que "la cantidad de 20.000 millones de pesetas ha sido elaborada en base a una muestra no representativa".
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