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La estafa, paso a paso: Ejecución/ Gobierno PSOE (I) >
Cumplimiento de la segunda función (9/10)
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El cobro del precio de alquiler es, por tanto, ilegal, ya que es un cobro por un servicio no
prestado por causas que no son en absoluto imputables a quienes tienen que recibirlo (apartado
V.21 de la Disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la
defensa de los consumidores y usuarios, y artículo 17.bis de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre,
de mejora de la protección de los consumidores y usuarios).
La cantidad que las compañías eléctricas llevan cobrada ilegalmente por el alquiler de los
contadores supera los
7.500 millones de euros
y se incrementa en
600.000 euros
cada día que pasa sin que el Gobierno publique la normativa oficial que defina en qué consiste
"la adecuada renovación y actualización"  de un parque de contadores.
De dicha cantidad, al menos la mitad ha sido estafada a través del BOE mediante la estafa que
le he explicado en las cuatro últimas entregas y continuaré explicándole en las dos próximas.
Evidentemente, la estafa no podría haberse materializado si el PSOE no hubiera puesto al
servicio de la misma la Administración Pública y, sobre todo, el BOE, debido a lo cual, desde
el 30.12.1984, fecha de entrada en vigor de la Orden de 20.12.1984 del Ministerio de Industria,
dichas siglas significan tanto Boletín Oficial del Estado como Boletín Oficial de los Estafadores.
Como una de las funciones de esta página web es identificar a aquellas personas cuya avaricia,
ineficacia, servilismo o corrupción provocó que la estafa se iniciara y/o provoca que la misma
continúe a pesar de haber sido reconocida por el propio Gobierno en escrito de 09.03.2007 al
Congreso y ser tan burda que ha sido detectada en 45 minutos por alumnos de primero de Bachillerato
con tan sólo dos de los cientos de documentos obrantes en la Audiencia Nacional, a partir de la
primera entrega del apartado IMPLICADOS incluiré una lista en la que iré detallando los nombres
de dichas personas.
Le adelanto que en la citada lista estarán incluidos los nombres de los tres responsables
directos de que la Orden de 20.12.1984 del Ministerio iniciara la estafa al publicar en su
Anexo unos precios de alquiler calculados a partir de los datos falsos remitidos en octubre
de 1984 a la DG de la Energía por Landis & Gyr, Siemens, AEG, Compañía de Contadores,
Metrega y Riesa:
Fernando Díaz Caneja, subdirector general de Energía Eléctrica, firmante del "
Informe de 18.12.1984
sobre propuesta de Orden ministerial por la que se revisan los alquileres de los equipos
de medida de energía eléctrica".
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pág 93
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