Inicio > Implicados > Las pruebas > ...y diez pruebas > Pruebas de que el Gobierno utiliza el Boletín Oficial del Estado para cometer una estafa (2/2) A pesar de que cualquiera de los cinco documentos basta para demostrar la existencia de la estafa, hay uno que destaca, debido a que fue emitido por los fabricantes de contadores, que son quienes facilitaron al Ministerio de Industria los datos falsos que hicieron posible la estafa en su primera etapa (del 29.12.1984 al 25.02.1987), y va dirigido al Ministerio de Industria, que es quien comete la estafa desde su inicio. Dicho documento es el escrito de 26.05.1996 de Gustavo Eisenberg, director de la Asociación nacional de bienes de equipo, en la que están integrados los fabricantes de contadores de la luz, a María Luisa Huidobro, directora general de la Energía. Como expuse en el punto 11.3.- El Boletín Oficial del Estado miente: Prueba documental 2 y en el punto 16.8.1.- Falsedades en la respuesta de Pedro Marín Uribe al Congreso, la tabla y el gráfico adjuntos al citado escrito son dos pruebas fehacientes e irrefutables de que el Boletín Oficial del Estado está siendo utilizado para cometer una estafa, pues si, como afirma dicho Boletín, los precios de alquiler hubieran sido calculados aplicando el 1.25% al precio medio de mercado del contador, que es lo establecido en la condición 16 de la póliza de abono aprobada por el Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, los valores de la última fila de la tabla coincidirían con los de la penúltima fila y la curva II coincidiría con la curva III. Dado que para detectar que tras las dos últimas filas de la tabla y las curvas II y III se oculta una estafa bastan los conocimientos matemáticos de un alumno de primero de bachiller, el escrito de 26.05.1996 es una prueba irrefutable de la ignorancia y/o la corrupción de los políticos y funcionarios, incluidos jueces y fiscales, responsables de que la estafa en los precios de alquiler de los contadores continúe cometiéndose. Por cierto, el escrito fue remitido al Ministerio de Industria veinte días después de que el Gobierno pasara de las manos (¿manos o garras?) del PSOE a las del PP, lo cual demuestra la ingenuidad de los fabricantes de contadores, ya que el PP, como buen lacayo de las compañías eléctricas, hizo caso omiso del escrito y no estableció el control metrológico del Estado sobre los contadores electromecánicos (lo estableció, mediante la Orden FOM 1100/2002, pero fue obligado a retirar ésta antes de que entrara en vigor, como explico en la entrega 3.- 7.500 millones de euros por un servicio inexistente). pág 19