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16.06.2008

3.- 7.500 MILLONES DE EUROS POR UN SERVICIO INEXISTENTE
Los hechos narrados en este punto ponen claramente de manifiesto el humillante servilismo del Gobierno y la Administración del Estado hacia las compañías eléctricas.

Dada la extensión de este punto, que me ha sido imposible extractar más porque ello hubiera implicado sacrificar datos y documentos que considero esenciales, lo he dividido en dos partes, en la primera de las cuales (punto 3.1) expongo una síntesis que permitirá hacerse una idea aproximada a quienes no dispongan del tiempo necesario para leer lo expuesto en la segunda parte (punto 3.2).

Desde luego, si quiere comprobar documentalmente la desidia, la ineficacia, la total falta de dignidad profesional y, en suma, la corrupción de los responsables del desastroso estado del parque nacional de contadores, por cuya "adecuada renovación y actualización"  los usuarios llevábamos pagados a 31.12.2007 casi 7.500 millones de euros, que desde el 01.01.2008 se incrementan cada día en más de 600.000 euros, le recomiendo que lea lo expuesto en el punto 3.2.

NOTA DE 01.01.2017: A 31.12.2016, la cantidad que los usuarios llevábamos pagada por la "adecuada renovación y actualización"  del parque nacional de contadores electromecánicos superaba los 12.400 millones de euros


3.1.-Síntesis
El contador de la luz, como cualquier otro tipo de contador (de agua, de gas, de gasolina, etc) pierde precisión con el tiempo, por lo que es necesario verificarlo periódicamente para comprobar que el error de medida está dentro de un determinado margen.

Para efectuar la verificación periódica de cada tipo de contador, el Estado dicta una normativa específica denominada control metrológico del Estado sobre dicho tipo de contador, la cual contiene, entre otros datos, las especificaciones que debe cumplir la verificación periódica (periodicidad, operaciones a realizar, número y características de las muestras que componen cada lote, error de medida admisible, etc) y la vida máxima del contador, pasada la cual, éste debe ser destruido y sustituido por otro que cumpla las condiciones metrológicas establecidas por el Estado.
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