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Por ello, en defensa de mi derecho a rehabilitar mi buen nombre profesional y a la tutela
judicial efectiva, me veo obligado a denunciar públicamente a los responsables, por acción
u omisión, de la citada estafa, a sabiendas de que, como me sucedió el 16.01.2006, puedo
sufrir brutales represalias económicas y, posiblemente, de otro tipo.
No obstante, en esta lucha desigual tengo una ventaja decisiva, por mucho que el poder
judicial, siguiendo servilmente las órdenes del poder político, me trate como a un
delincuente, inadmita o desestime todas mis denuncias y querellas y me represalie por
insistir en que se haga justicia.
Dicha ventaja, contra la que ninguna multinacional ni ningún poder del Estado, por negro
que sea, puede absolutamente nada, es que las matemáticas están de mi parte, pues basta
una simple multiplicación de dos números (uno de ellos, constante) para demostrar que
el Gobierno comete desde 1984 la citada estafa.
En consecuencia, cada día que pasa sin que sea desarticulada la trama mafiosa que utiliza
delictivamente el Boletín Oficial del Estado y sin que se me permita demostrar que los
hechos de los que me acusó la multinacional Landis & Gyr para justificar mi despido
son falsos, el Estado se hunde un poco más, no sólo en el cieno de la corrupción, sino
en el más espantoso ridículo.
2.-Breve resumen de la trama mafiosa
Resumiendo en unas líneas lo expuesto en las ocho entregas tituladas LA ESTAFA, PASO
A PASO
(entrega 6
a entrega 13, ambas incluidas), los hechos son los siguientes:
En 1984, el PSOE, que gobierna en solitario, y las grandes compañías eléctricas planifican
una estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz.
En cumplimiento de las funciones asignadas en dicho plan, los fabricantes, controlados
por las compañías eléctricas, imponen restricciones a sus distribuidores, con objeto de
hacer antieconómica la compra del contador y obligar al usuario final a alquilarlo a la
compañía eléctrica, y facilitan datos falsos al Ministerio de Industria, con el fin de
que los precios de alquiler publicados en el Boletín Oficial del Estado sean muy superiores
a los que resultarían si los datos fueran los reales.
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