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La citada trama de corrupción, a cuyo esclarecimiento llevo dedicado desde el
7.11.1994, permite que el Gobierno utilice desde 1984 el BOE y la
Administración del Estado como instrumentos para cometer una estafa que, a 09.06.2008,
fecha de publicación de estas líneas, genera
350.000 euros diarios,
afecta a 23 millones de clientes de las compañías eléctricas y lleva reportados a éstas
al menos la mitad de los más de
7.500 millones de euros
cobrados ilegalmente por el alquiler de los contadores de la luz.
Nota de 01.01.2020: A 31.12.2019, la cantidad cobrada
ilegalmente
superaba los 13.500 millones de euros
Mis dificultades para conseguir la tutela judicial efectiva, un derecho fundamental
reconocido en el art. 24.1 de la Constitución, son debidas a que los autores de la
estafa son el PSOE, que la planificó en 1984, y el PP, que la
perfeccionó en 2001, y a que el primer eslabón de la cadena de corrupción que hace
posible dicha estafa es, precisamente, el grupo clandestino Contact.
Aunque demostrar la falsedad de la denuncia interpuesta contra mí el
07.11.1994 por la multinacional suiza Landis & Gyr sólo me llevaría
cinco minutos y aunque la estafa cometida desde 1984 por el Gobierno ha sido
reconocida por el propio Gobierno en escrito de 9.03.07 al Congreso y es
tan burda que ha sido detectada en 45 minutos por alumnos de primero de
bachillerato de un Instituto de Sevilla con tan sólo dos de los cientos de documentos
obrantes en la Audiencia Nacional, una Administración de Justicia controlada por el
poder político ha provocado que los estafadores y sus cómplices continúen actuando
impunemente y que mi decisión de negarme a participar en el grupo clandestino
Contact y denunciar a éste ante los tribunales me lleve ocasionados hasta ahora
los siguientes perjuicios:
- Mi despido humillante de la filial española de la multinacional suiza
Landis & Gyr mediante una denuncia falsa de su entonces director
comercial,
Félix Rivas Perales,
al no haber surtido efecto el despiadado acoso moral al que la empresa me sometió para
doblegarme.
- La destrucción de mi buen nombre profesional, que unida a la edad que
tenía cuando fui despedido (51 años) me imposibilitó volver a
ejercer mi profesión.
- 10.4 años de paro (desde el 07.11.1994 al 26.03.2005).
- Desde el 01.05.1997 al 26.03.2005, mi único ingreso fue el correspondiente
al subsidio de desempleo para mayores de 52 años (375,84 euros mensuales
en 2005).
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