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- Desde el 26.03.2005, en que me vi obligado a pasar a la situación de
jubilado, cobro el 42,6% de la pensión de jubilación que me habría
correspondido si hubiera podido seguir ejerciendo como ingeniero y, por
tanto, cotizando como tal.
- El gasto de más de 35.000 euros en abogados y procuradores, varios
de los cuales me traicionaron a causa de la intimidación ejercida sobre
ellos desde la Administración del Estado.
- El pago de 58.000 euros de costas a las compañías eléctricas, máximas
beneficiarias de la estafa (la cantidad reclamada por Miguel Bajo Fernández,
abogado de dichas compañías, fue 372.435,40 euros).
- Desde el 07.11.1994, una dedicación casi exclusiva a investigar la estafa,
los delitos conexos a ella y la trama de corrupción que hace posible que tanto
aquélla como éstos continúen cometiéndose con total impunidad a pesar de las
numerosas e irrebatibles pruebas documentales obrantes en los tribunales.
Mi lucha continuará hasta que la multinacional suiza Landis & Gyr reconozca en
acta notarial
la falsedad de los hechos de los que Landis & Gyr Española me acusa en la
carta de despido de 07.11.1994,
en la
denuncia de 07.11.1994,
en la
carta de despido de 08.11.1994
y en el
requerimiento notarial de 09.11.1994.
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