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    - Desde el 26.03.2005, en que me vi obligado a pasar a la situación de jubilado, cobro el 42,6% de la pensión de jubilación que me habría correspondido si hubiera podido seguir ejerciendo como ingeniero y, por tanto, cotizando como tal.

    - El gasto de cerca de 30.000 euros en abogados y procuradores, varios de los cuales me traicionaron a causa de la intimidación ejercida sobre ellos desde la Administración del Estado.

    - El pago de 58.000 euros de costas a las compañías eléctricas, máximas beneficiarias de la estafa (la cantidad reclamada por Miguel Bajo Fernández, abogado de dichas compañías, fue 372.435,40 euros).

    - Desde el 07.11.1994, una dedicación casi exclusiva a investigar la estafa, los delitos conexos a ella y la trama de corrupción que hace posible que tanto aquélla como éstos continúen cometiéndose con total impunidad a pesar de las numerosas e irrebatibles pruebas documentales obrantes en los tribunales.
Mi lucha continuará hasta que la multinacional suiza Landis & Gyr reconozca en acta notarial la falsedad de los hechos de los que Landis & Gyr Española me acusa en la carta de despido de 07.11.1994, en la denuncia de 07.11.1994, en la carta de despido de 08.11.1994 y en el requerimiento notarial de 09.11.1994.
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