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14.4- ¿Cumple el Gobierno su obligación de defender los legítimos intereses
generales?
La respuesta es un rotundo NO, pues, por sistema, el Gobierno remite su
propuesta de tarifa a la CNE pocos días antes de que se celebre el Consejo de ministros,
con el fin de obligar a dicha Comisión a tramitar su informe por el procedimiento
de urgencia, el cual, por establecer un plazo máximo de siete días, hace imposible
que la CNE y el Consejo Consultivo de la Electricidad efectúen un análisis preciso
y exhaustivo de la propuesta de tarifa del Gobierno.
Los documentos que demuestran que el Gobierno incumple sistemáticamente su obligación
de remitir a la CNE la propuesta de tarifa con la antelación suficiente para que
la CNE y el CCE puedan realizar adecuadamente su función de
velar por la objetividad y transparencia de funcionamiento de los sistemas enérgéticos
son los propios informes de la CNE, de los cuales le detallo a continuación
los emitidos desde el año 2000 (le recomiendo que en cada uno de ellos lea los textos
resaltados en amarillo):
Como habrá comprobado si ha leído los párrafos resaltados en amarillo,
todos los informes han sido tramitados por el procedimiento
de urgencia, a pesar de que dicho procedimiento sólo es aplicable
"por razones de probada excepcionalidad"  y, sobre todo, a pesar
de la advertencia hecha por la CNE al Gobierno en cada uno de los citados informes:
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