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"Una vez más se hace constar que para el cumplimiento de la función que la
Ley confiere a esta Comisión es necesario disponer del tiempo suficiente que
permita informar la propuesta de revisión tarifaria.
Asimismo, para que el contenido del informe realizado por la Comisión sea
considerado en el Real Decreto de tarifas, se debería contar con un plazo de tiempo
suficiente desde la aprobación del informe por parte del Consejo de Administración
de esta Comisión y su envío al Ministerio, hasta la publicación del Real Decreto
de tarifas en el Boletín Oficial del Estado.
Lo anterior es igualmente aplicable a los efectos de la intervención del Consejo
Consultivo de Electricidad, dada la trascendencia que tiene la propuesta tarifaria".
La nula importancia dada por el Gobierno a la CNE ha sido siempre aceptada servilmente
por el presidente y los directivos de dicha Comisión,
designados y revocados por el Gobierno.
Ello confirma, una vez más, el aserto del periodista norteamericano Upton Sinclair:
"Es difícil conseguir que una persona comprenda algo si su puesto de trabajo
depende de que no lo comprenda".
El ninguneo de la CNE por el responsable de controlar su eficacia
queda claramente de manifiesto en los dos siguientes documentos, los cuales obtuve
tras interponer ante la Audiencia Nacional una querella contra las compañías eléctricas
y los fabricantes de contadores de la luz:
Escrito de 17.12.2001 del Ministerio de Economía
a la CNE. En este documento consta que el Gobierno remitió a la CNE la propuesta
de tarifa seis días laborables antes de que se celebrara el Consejo de ministros
que debía analizar el informe de la CNE sobre dicha propuesta.
Escrito de 26.12.2001 de la CNE
al Ministerio de Economía. En el sello de entrada de este documento consta que
el informe de la CNE llegó al Ministerio de Economía el 04.01.2002, es decir,
nueve días después de celebrado el consejo de ministros que aprobó la tarifa
eléctrica a la cual se refería dicho informe.
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