Inicio > La estafa > La tarifa de la corrupción: Análisis de la primera subida de 2009 > ¿Por qué el Gobierno obliga a la CNE a que tramite su informe por el procedimiento de urgencia? 14.5- ¿Por qué el Gobierno obliga a la CNE a que tramite su informe por el procedimiento de urgencia? La respuesta se deduce claramente del informe de la CNE sobre la propuesta de tarifa de 2002, cuyas principales conclusiones fueron sacadas a la luz pública por el semanario Interviú en el reportaje Los favores del Gobierno a las eléctricas, el cual, como detallaré en su momento en el apartado IMPLICADOS/ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, provocó el archivo fulminante y fraudulento del procedimiento penal incoado para investigar la estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz y los delitos conexos a ella. Con objeto de facilitarle el análisis del citado informe, he reunido las 20 páginas en las cuales la CNE hace alguna afirmación sobre la falta de idoneidad del método seguido por el Gobierno para valorar las inversiones realizadas por las compañías eléctricas en las actividades reguladas o sobre la imposibilidad de realizar adecuadamente el informe en las condiciones fijadas por el Gobierno. Le recomiendo encarecidamente que lea los párrafos resaltados en amarillo, en especial los de las tres últimas páginas, correspondientes al voto particular de los consejeros Jordi Dolader, Sebastiá Ruscalleda y Juan Ignacio Unda. Por su importancia, reproduzco dos de los párrafos del citado voto particular: "Puede que las tarifas deban bajar o puede que en algún momento incluso tengan que subir, pero siempre sujeto a métodos objetivos, transparentes y no discriminatorios. La solución de los problemas que tiene el sistema eléctrico español requiere no sólo la variación del procedimiento actual en el que, al margen de cualquier metodología, se establecen unas variaciones tarifarias, sino que además requiere el establecimiento de una metodología que garantice que la retribución de las actividades reguladas se invierte efectiva y adecuadamente en la mejora y ampliación de las redes". Así pues, el Gobierno obliga a la CNE a que tramite su informe por el procedimiento de urgencia para que la CNE no tenga tiempo de analizar detalladamente la propuesta de tarifa del Gobierno y ésta pueda ser aprobada intacta por el consejo de ministros, permitiendo con ello la legalización del déficit tarifario implícito en dicha propuesta, cuyo pago pasa inadvertido para la inmensa mayoría de los usuarios, por ser indirecto (no figura detallado en la factura de la luz) y diferido. pág 149