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15. La tabla y el gráfico adjuntos al escrito de 26.05.1996 confirman lo expuesto por el
firmante de dicho escrito, Gustavo Eisenberg, en la reunión mantenida el 23.11.1995 en la
sede de UNESA por los fabricantes de contadores de energía eléctrica y las compañías
eléctricas. Según consta en el documento confidencial
Notas de la reunión de
23.11.95 de los fabricantes de contadores con UNESA, redactado por el propio
Eisenberg, éste hizo, entre otras, las siguientes manifestaciones en la citada reunión,
convocada de urgencia inmediatamente después de
la publicación en El País de una
noticia sobre el grupo clandestino Contact,
una de cuyas actividades (las restricciones horizontales a la libre competencia en el
mercado nacional de contadores) era ignorada por las compañías eléctricas:
"Si estas publicaciones [en referencia a los artículos publicados los días 21 y
23.11.1995 por el diario El País] no respondieran a un hecho casual y continuaran
alimentadas por alguien que conoce bien estos temas, podría aparecer en cualquier
momento el peligroso tema de los alquileres de los contadores.
En 1.984 se dictó una disposición por el MINER [Ministerio
de Industria y Energía] autorizando el cobro mensual al consumidor del 1.25% del
precio del contador.
Este factor se aplica sobre los precios de lista, cuando debería hacerse sobre los
reales, los cuales son inferiores en un 50% o más.
Si este asunto saliera a la luz pública, podría producirse un escándalo de imprevisibles
consecuencias para todos.
El Sr. Rivero [Pedro Rivero Torre, vicepresidente de UNESA en la fecha de la reunión
y presidente de dicha entidad desde abril de 2004, presente en la reunión] conoce bien
este problema"
16. El Ministerio hace caso omiso del escrito de 26.05.1996 de la Asociación nacional de
fabricantes de bienes de equipo y no investiga la ilegalidad de los precios de alquiler
publicados en el BOE desde 1984 ni modifica su política de no regular el control
metrológico del Estado sobre los contadores a pesar de la advertencia del CEM de que dicha
regulación es "urgente y prioritaria"  y de que "existen centenares de miles
de contadores instalados con más de 40 años de antigüedad y millones con más de 30 años
que no están siendo sometidos a un control legal que garantice a exactitud de la medida".
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