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4.2.- ¿Se cumplen eficazmente los trámites legales para la fijación de la tarifa eléctrica?
La respuesta es un rotundo NO, pues el Gobierno siempre remite a la CNE la propuesta de Orden pocos
días antes de que se celebre el Consejo de ministros, lo cual obliga a efectuar todos los trámites por el
denominado procedimiento de urgencia, que impide a la CNE llevar a cabo un análisis detallado de los datos
facilitados por las compañías eléctricas y, por tanto, de la propuesta de Orden.
Entre los documentos que prueban esta forma irregular de actuar del Gobierno, que perjudica gravemente los
legítimos intereses económicos de los millones de clientes de las compañías eléctricas, están
el escrito de 17.12.2001
del Ministerio de Economía a la CNE (entre el 28.04.2000 y el el 18.04.2004, en que no existió Ministerio
de Industria, las competencias de éste fueron ejercidas por el Ministerio de Economía) y
el escrito de 13.06.2008
del Ministerio de Industria a la CNE.
En el primer caso, relativo a la propuesta de tarifa eléctrica a partir del 01.01.2002, los perjuicios
ocasionados por la decisión del Gobierno de enviar la citada propuesta a la CNE sólo seis días hábiles
antes de la celebración del Consejo de ministros quedaron reseñados en el
voto particular
del informe 14/2001 de la citada Comisión.
En el segundo caso, relativo a la propuesta de tarifa eléctrica a partir del 01.07.2008, los perjuicios
ocasionados por la decisión del Gobierno de enviar la citada propuesta a la CNE sólo nueve días hábiles
antes de la celebración del Consejo de ministros serán brutales si los consejeros de la citada Comisión
no efectúan los cálculos incluidos en el punto 2.4 del presente apartado.
4.3.- ¿Valora objetivamente el Gobierno los datos facilitados por las compañías eléctricas?
Como en el punto 2.2, la respuesta es un rotundo NO, ya que el método utilizado por el
Gobierno para valorar los datos facilitados por las compañías eléctricas produce una sobrevaloración
de las inversiones que éstas afirman haber realizado en las actividades de transporte y distribución
de energía eléctrica, irregularidad contable de la cual la CNE ha advertido reiteradamente al Gobierno,
que no ha tenido nunca en cuenta dichas advertencias.
Entre los motivos por los que la valoración que el Gobierno hace de los datos facilitados por
las compañías eléctricas no es objetiva están los indicados en el
informe 14/2001
de la CNE, cuyas principales conclusiones fueron sacadas a la luz pública por el semanario
Interviú en el reportaje
Los favores del Gobierno a las eléctricas,
el cual, como detallaré en su momento en el apartado IMPLICADOS/ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, provocó el archivo fulminante y fraudulento del procedimiento penal
incoado para investigar la estafa en los precios de alquiler de los contadores de la
luz y los delitos conexos a ella.
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