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    - con el precio de alquiler, "las empresas (alquiladoras) deben cubrir el coste del contador y los gastos de mantenimiento y reposición del mismo". O dicho de otro modo, a cambio del cobro del precio de alquiler, las compañías eléctricas están obligadas a dar un servicio: mantener y reponer el contador.
Por mantener y reponer el parque nacional de contadores en alquiler, formado actualmente por 23 millones de unidades, las compañías eléctricas llevan cobrados más de 7.500 millones de euros desde 1984 (la cantidad se incrementa diariamente en 600.000 euros), pero no han prestado en ningún momento dicho servicio porque, a pesar de las reiteradas advertencias del Centro Español de Metrología (la primera, de 1986), de la Comisión Nacional de Energía, de los propios fabricantes e incluso de la abogacía del Estado, el Gobierno aún no ha publicado la normativa oficial que defina cómo hay qué mantener un contador y cuál es su vida útil máxima (si desea más información sobre este asunto, pulse aquí).

La falta de dicha normativa 24 años después de ser aprobada una subida de entre el 2.081,10 y el 3.123,30% con la única y exclusiva finalidad de permitir a las compañias electricas "cubrir los gastos de mantenimiento y reposición" de sus parques de contadores en alquiler pone blanco sobre negro el servilismo del Gobierno hacia dichas compañías, el cual, como es lógico, tiene un precio. Así pues, si a) el Gobierno tiene la obligación de publicar la normativa sobre mantenimiento y reposición de los parques de contadores y b) cada día que pasa sin que el Gobierno cumpla dicha obligación las compañías eléctricas incrementan en 600.000 euros los más de 7.500 millones de euros que llevan cobrados desde 1984 por un servicio que no dan porque no existe dicha normativa, es lógico hacer la siguiente pregunta:
    ¿Cuánto cobran el PSOE y el PP por no publicar la normativa oficial sobre mantenimiento y reposición de contadores, cuya falta permite a las compañías eléctricas no dar un servicio por el que llevan cobrados una cantidad que supera los 7.500 millones de euros y se incrementa cada día en 600.000 euros?

10.2.2- Segundo documento.
El segundo documento que prueba que el Gobierno cumplió la segunda función que tenía asignada en la estafa es la Orden de 20.12.1984 del Ministerio de Industria.

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