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- Felipe González
presidía el Gobierno que en diciembre de 1984 incrementó entre el
2.081,00% y el 3.113,00% los precios de alquiler de los contadores,
con el único y exclusivo fin de "cubrir la función económica de permitir a las
empresas alquiladoras la adecuada renovación y actualización del parque de contadores”,
un servicio que ni siquiera hoy, pasados 27 años, es posible dar,
pues el Gobierno aún no ha establecido el control metrológico del Estado sobre los
contadores electromecánicos
- Felipe González presidía los Gobiernos que hicieron caso omiso de los escritos en
los que el Centro Español de Metrología (CEM) advertía de la necesidad de establecer
el control metrológico del Estado sobre los contadores electromecánicos, con objeto
de "velar por la corrección y exactitud de las medidas (...) y evitar los fraudes
en perjuicio de los consumidores". En el
escrito de mayo de 1988, el CEM hizo al Gobierno la siguiente advertencia:
"Se estima urgente y prioritaria la regulación e implantación de la verificación
periódica para todo el parque de contadores de energía eléctrica. Todo el parque
de contadores deberá quedar totalmente regularizado antes de final de 1995"
- José María Aznar
presidía el Gobierno que,
siguiendo al pie de la letra las directrices marcadas el 15.04.200 por UNESA
(presidida entonces por
José María Amusátegui,
presidente de Unión Fenosa y copresidente, junto con
Emilio Botín,
del Banco Santander Central Hispano), modificó torticeramente
el texto
y
los precios del Anexo II del Real Decreto 1483/2001,
con objeto de permitir que la mafia del kilowatio continuara cometiendo la estafa
tras haber sido sacada ésta a la luz pública por
Diario de Andalucía,
Interviú
y
Tiempo
- José María Aznar
presidía los Gobiernos que ejecutaron la tercera etapa de la estafa
- José María Aznar presidía el Gobierno que, con objeto de que pudiera ser recurrida
por las compañías eléctricas y anulada judicialmente,
tramitó incorrectamente la Orden FOM 1100/2002,
que establecía con 18 años de retraso el control metrológico del Estado sobre los
contadores electromecánicos. La Orden fue anulada judicialmente días antes de que
finalizara el plazo establecido en ella para que las compañías eléctricas verificaran
sus parques de contadores. La verificación ni siquiera llegó a iniciarse.
Así pues, al contrario que Roma, las eléctricas sí pagan a los traidores, aunque tacañamente,
como el cacique a sus lacayos.
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