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[11] A pesar de lo establecido en la
disposición adicional segunda
del Real Decreto 809/2006, ni uno sólo de los contadores instalados a partir del
01.07.2009 permite la telegestión, como expongo en el
punto 23.5
de la entrega 23.-Contadores electrónicos: La estafa interminable.
Pues, aunque usted no se lo crea, el motivo por el cual las compañías eléctricas se oponen
a que el Gobierno establezca el control metrológico del Estado sobre los contadores
electromecánicos es exclusivamente económico, ya que si el Gobierno estableciera dicho
control, las compañías eléctricas tendrían que verificar periódicamente sus contadores
y renovarlos cuando agotaran su vida útil máxima o su error de medida estuviera fuera
de los límites permitidos, pues dichas verificación periódica y renovación son la
contraprestación a la que las compañías están obligadas a cambio del cobro de los precios
de alquiler publicados en el Boletín Oficial del Estado.
Es decir, si el Gobierno estableciera el control metrológico del Estado sobre los contadores
electromecánicos, las compañías eléctricas dejarían de añadir gratuitamente
600.000 euros diarios a los más de
9.000 millones de euros
que llevan cobrados desde 1984 por un servicio (la “adecuada renovación y actualización” 
de sus parques de contadores) que no han dado, dan ni darán hasta que el Gobierno no establezca
dicho control metrológico (si desea más información sobre este tema, entre en
7.500 millones de euros por un servicio inexistente).
La situación es similar a la que se produciría si los propietarios de vehículos fueran
obligados a pagar la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) a pesar de que los talleres
no pudieran efectuarla porque no existiera ninguna norma oficial que definiera en qué
consiste dicha inspección.
Es muy posible que usted se pregunte cuál fue la reacción del Sercobe y los fabricantes
de contadores ante el comentario despectivo de UNESA de que “la carta de 26.05.1996
de SERCOBE a la directora general de la Energía queda plenamente en entredicho, al ser
SERCOBE parte interesada en el negocio de los contadores eléctricos y estar sus argumentos
dirigidos a favorecer sus propios intereses y no los de los clientes del suministro
eléctrico”.
Le adelanto que la reacción del Sercobe fue lanzar contra las compañías eléctricas
(y el Gobierno) una nueva carga de profundidad, mucho más potente que la lanzada con
la tabla y el gráfico adjuntos al
escrito de 26.05.1996
a la directora general de la Energía,
María Luisa Huidobro.
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