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Sobre cuál fue esa segunda carga de profundidad le informaré en la próxima entrega, que
dedicaré al análisis del informe de 29.08.2000 del Sercobe al Ministerio de Industria.
Finalizaré este punto demostrando la falsedad de la afirmación de UNESA de que, “como
no puede ser desconocido por nadie, el establecimiento de una norma que obligue renovar
los contadores electromecánicos favorece a los intereses de los fabricantes de contadores,
pero no a los intereses de los clientes del suministro eléctrico”.
Entre quienes desconocen que el establecimiento del control metrológico del Estado no
perjudica a los clientes del suministro eléctrico está nada menos que el Centro
Español de Metrología (CEM), máxima autoridad nacional en Metrología legal, que
en el borrador de su
Informe de mayo de 1988
sobre Verificaciones Periódica de Contadores hace, entre otras, las siguientes
consideraciones:
"Dado que la Ley 3/1985, de Metrología, establece el control metrológico del
Estado con el fin de velar por la corrección y exactitud de las
medidas y evitar los fraudes en perjuicio de los consumidores
[12] (...) y dado que los controles actuales no pueden
garantizar indefinidamente la corrección y exactitud de la medida de aparatos que
suelen emplearse durante períodos extremadamente largos (20, 30 y a veces hasta
40 años) sin los correspondientes controles períódicos, se
estima urgente y prioritaria la regulación e implantación de la modalidad de control
metrológico c) (verificación periódica) para todo el parque de contadores de energía
eléctrica.
Todo el parque de contadores deberá quedar totalmente regularizado antes de final
de 1995". [13]
[12] Puesto que los fraudes en perjuicio de las compañías
eléctricas
están tipificados como delito
y
son perseguidos
y los fraudes en perjuicio de los consumidores
son autorizados
y, llegado el caso, protegidos, las compañías eléctricas pueden decir lo que los
cerdos tras modificar el séptimo mandamiento de la granja: "Todos los animales
son iguales ante la ley, pero unos somos más iguales que otros" (según el
informe de 28.11.2001 de la OCU, cuya conclusión principal fue que
el 80% de los contadores marca de más,
si el error medio detectado en los contadores verificados se extrapolara a todos
los contadores del parque nacional, la cantidad que los consumidores habrían pagado
en exceso en 2001 estaría
entre 8.500 y 14.800 millones de euros).
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