Inicio > Implicados > Compañías eléctricas (III) > El informe de UNESA > UNESA: El descrédito como argumento > Argumento de UNESA para desacreditar el escrito de 26.05.1996 del Sercobe > El silencio de UNESA ante la tabla y el gráfico adjuntos al escrito del Sercobe (3/3) [14] Le adelanto un breve resumen de la instrucción del procedimiento penal incoado para investigar los delitos denunciados en mi querella contra Pedro Rivero Torre y otros tres asistentes a la reunión de 23.11.1995 de los fabricantes con UNESA. Los análisis detallados de dicha instrucción, de los autos del Juzgado Central de Instrucción n° 4, de los autos de la Sala Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional y de la providencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional los incluiré en las entregas correspondientes a Implicados: Justicia. La respuesta es obvia: Con el informe de 11.04.2000 de UNESA al Ministerio de Industria, José María Amusátegui y Pedro Rivero Torre están encubriendo que las compañías eléctricas representadas por UNESA llevaban cobrados más de 4.000 millones de euros por un servicio inexistente y que más de la mitad de dicha cantidad había sido estafada a través del Boletín Oficial del Estado. Si a pesar de la oposición frontal y descarada del Gobierno, del Congreso y, sobre todo, de la Administración de Justicia, yo, un simple ciudadano de a pie, he conseguido demostrar documentalmente que el informe de UNESA contiene como mínimo las diez falsedades detalladas en el punto 2.1 de la presente entrega, la pregunta es: ¿cómo actuó el Ministerio de Industria tras recibir dicho informe?. La respuesta se la daré dentro de tres entregas, pues las dos próximas las dedicaré al análisis de los informes del Sercobe y de la Comisión Nacional de Energía, los cuales, sobre todo el del Sercobe, dejan al descubierto la ineficacia y la corrupción institucionales que hacen posible que una mafia político-financiera lleve veintiséis años utilizando impunemente el Boletín Oficial del Estado como instrumento de una estafa tan burda que queda probada con una simple multiplicación de dos números, de los que, para mayor vergüenza de la Administración de Justicia, uno (el precio al que los fabricantes venden el contador a las compañías eléctricas) figura en decenas de documentos obrantes en la Audiencia Nacional, y otro tiene un valor constante (k= 0.0125). pág 102